¿QUIERES DESHACERTE DEL FEMINISMO BLANCO Y NO SABES COMO?

Artículo original de Melissa Brown publicado en Resist Media / EverydayFeminism

Traducción por Sara Carrasco Granger publicado en El Salto Periódico

Melissa Brown está completando su doctorado en sociología investigando las maneras en las que las mujeres negras usan la tecnología para la transformación social. Melissa ha escrito en varios medios entre ellos el Huffington Post, Revelist, Gradient, y el blog de sociología Informe de Racismo y Contextos. Puedes encontrar más escritos suyos en su blog personal y en twitter @Blackfeminisms.

 

Muchas mujeres no se identifican con el feminismo porque no se identifican con los discursos dominantes del feminismo blanco. Yo he sido una de esas mujeres. Aquí un breve manual para no perderse en el mundo de los feminismos negros.

Analizando las últimas elecciones de Estados Unidos en 2016, numerosas escritoras han señalado al feminismo blanco para explicar cómo Donald Trump ha llegado a ser presidente. Como ideología y como movimiento el feminismo blanco ha situado históricamente a las mujeres blancas de clase media en el centro del movimiento feminista a expensas de mujeres pobres y mujeres de color (1).

Esto ha llevado a que muchas mujeres no se identifiquen con el feminismo porque no se identifican con los discursos dominantes del feminismo blanco. Yo he sido una de esas mujeres. No se trataba de que no creyera en la liberación de todos los géneros, si no que no me veía como parte de un movimiento donde nadie se parecía a mí.

En mis últimos años de estudios universitarios me topé con el libro de

Hill Collins El Pensamiento Feminista Negro, el cual me hizo entender que existían numerosas alternativas al feminismo blanco. Aprender sobre los feminismos de color es crucial para reconocer las maneras en las que el racismo y el sexismo funcionan de manera conjunta en formas interseccionales de opresión.

Como feminista negra estoy más familiarizada con conceptos de feministas negras como bell hooks y Patricia Hill Collins. Aquí os destaco seis conceptos creados por mujeres intelectuales negras.

1. IMÁGENES CONTROLADORAS

La socióloga Patricia Hill Collins define las imágenes controladoras como la dimensión ideológica de la opresión de la femineidad negra. Estas imágenes son variadas a lo largo de la historia y los contextos sociales en los que se desarrollan y de forma general estereotipan de manera negativa a las mujeres negras. Collins describe la emergencia de estas imágenes en su libro El Pensamiento feminista negro: conocimiento, conciencia y empoderamiento. En la siguiente cita se refiere a una de estas imágenes, “la reina de las prestaciones sociales”, que predominó sobre todo durante la era de Reagan:

“Con la elección de la Administración Reagan en 1980 la ya estigmatizada figura de la madre que vive a base de prestaciones sociales se transforma en una figura aún más perniciosa, la reina de las prestaciones sociales. De este modo, la Administración logra reorientar el enfoque de recortes del gasto gubernamental dirigido a alimentar menores, proveer por el derecho de la vivienda de familias trabajadoras empobrecidas, subsidiar gastos de pueblos y ciudades para mantener carreteras, puentes e infraestructura básica —sosteniendo así servicios públicos elementales—, a que la responsabilización del deterioro de los intereses de los Estados Unidos estuviera cada vez más asociada a la imagen, reproducida una y otra vez en los medios de comunicación, de la reina de las prestaciones sociales. De este modo, las mujeres negras se convierten simultáneamente en símbolos de lo que falla en América (2) en objetivo de las políticas sociales diseñadas para achicar el sector gubernamental”.

Las imágenes controladoras de madres y familias negras influyen en la política empleando estereotipos negativos para justificar la negación de los derechos de las mujeres

Estas imágenes controladoras o de control también sirven para influenciar la manera en la que las mujeres negras son tratadas en el día a día. En mi vida, hombres se han referido a mi con el término “hoe”, puta(3), porque creen en la figura de “Jezabel”, la imagen de control que estereotipa a las mujeres negras como hipersexuales y promiscuas.

Yo, junto a muchas otras mujeres negras, he tenido que enfrentarme a las maneras en las que la interiorización de estas creencias afectan el autoestima y la imagen propia de nosotras mismas. Hasta hoy en día, las imágenes controladoras de madres y familias negras influyen en la política empleando estereotipos negativos para justificar la negación de los derechos de las mujeres.

2. INTERSECCIONALIDAD

Kimberlé Crenshaw, directora del Foro Político Afroamericano y profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, introdujo el concepto de interseccionalidad en la academia. La interseccionalidad se refiere a las maneras en las que diferentes categorías sociales (como raza y género) afectan la experiencia vivida.

La interseccionalidad también se refiere a la manera compleja en la que se organiza la desigualdad en el plano social de manera que unos grupos sociales tienen poder relativo respecto a otros aunque puedan ser perjudicados de una manera y privilegiados de otra.

Crenshaw aporta varios ejemplos en su emblemática obra Mapeando los márgenes: interseccionalidad, políticas de identidad y la violencia contra las mujeres de color.

Por ejemplo, las leyes aplicadas con el supuesto objetivo de proteger a las mujeres acaban realizándose con las mujeres blancas en mente, y las leyes cuyo objetivo es proteger a la población negra acaban diseñándose tan solo con la población negra masculina en mente. Cuando las mujeres negras hacen un intento de servirse de protección legal en casos de discriminación racial o sexual acaban por perder los casos jurídicos ya que sus testimonios no complacen el requisito del onus probandi, la carga de la prueba, donde han de demostrar que la razón de la discriminación se ha dado por un u otro motivo y sus vivencias no encajan en las definiciones probatorias para este tipo de casos ya que se diseñaron o bien para hombres o bien para mujeres blancas.
En el sistema legal la interseccionalidad reconocería que tanto la raza como el género tienen un rol a la hora de conformar la experiencia vivida de mujeres negras.

3. MISOGYNOIR

La investigadora Moya Bailey, feminista negra, acuñó el término misogynoir para describir formas específicas de racismo de género experimentadas por mujeres negras. Por ejemplo, la misogynoir está en juego cuando mujeres blancas son elogiadas por llevar ropa con estilos creados por mujeres negras a quienes se las caracteriza de marginales por llevar esa misma ropa. Misogynoir es una forma interseccional de opresión hacia las mujeres negras quienes son objeto de ello porque su negritud y su femineidad son facetas inseparables de su identidad social.

4. RIESGO MÚLTIPLE

El término interseccionalidad a menudo se confunde con el de riesgo múltiple, término desarrollado por Deborah K. King. El riesgo múltiple se refiere a la inhabilidad de señalar con exactitud uno u otro factor como el más responsable en una situación de opresión. En 1988 King escribió:

“El modificador ‘múltiple’ no solo se refiere a varias opresiones simultáneas sino que además se refiere a las relaciones multiplicadoras que se establecen entre éstas. En otras palabras, la formulación equivalente sería el racismo multiplicado por el sexismo multiplicado por el clasismo… La importancia que tiene cualquiera de estos factores a la hora de explicar las circunstancias de la vida de las mujeres negras varía dependiendo del aspecto particular de nuestras vidas que estamos tomando bajo consideración y de los grupos referenciales con los cuales nos comparamos”.

5. MUJERISMO

El mujerismo, término acuñado por la poeta y novelista Alice Walker, muestra como el feminismo de las mujeres negras tiene múltiples expresiones. En una entrada reciente de su blog, Alice Walker, define el mujerismo como “el empoderamiento espiritual, político, social y otros basado en la centralidad y solidaridad femenina que apoya la salud y el bienestar de todo el mundo”. Su definición inicial apareció en la edición de 1983 de su colección de ensayos, En busca de los jardines de nuestras madres, donde describe a una mujerista como “una feminista negra o feminista de color” o “una mujer que ama a otras mujeres, sexual y/o no sexualmente” a través de la celebración y afirmación de las culturas de las mujeres, la flexibilidad emocional y la fuerza.

6. HOMEPLACE (EL SITIO DEL HOGAR)

La aclamada investigadora bell hooks define homeplace como “el lugar desde donde afrontar libremente la humanización, desde donde resistir”. Hooks relata el rol significativo que tienen las mujeres negras en la creación de estos espacios a lo largo y ancho de sus comunidades: “A pesar de la brutal realidad de apartheid racial, de dominación, el sitio del hogar era el único lugar desde donde afrontar libremente la humanización, donde se podía resistir. Las mujeres negras resistieron al crear hogares donde las personas negras podían aspirar a ser sujetos y no objetos, donde podíamos ser afirmados en nuestras mentes y nuestros cuerpos a pesar de la pobreza, la adversidad, la depravación, donde podíamos restaurar nuestra dignidad denegada en el exterior, en el mundo público”.

Este concepto nos demuestra las maneras en las que los roles de mujeres en el ámbito doméstico pueden ser transformadoras y revolucionarias.

QUÉ NOS ENSEÑAN ESTOS CONCEPTOS SOBRE LAS MUJERES DE COLOR Y LA DESIGUALDAD

Personalmente, estos conceptos me ayudaron a entender que las mujeres negras están cambiando activamente la manera en la que nos describe y define la sociedad.

Al aprender sobre imágenes controladoras fui ayudada a rechazar las asunciones que hacían los hombres sobre la sexualidad. Comprender la interseccionalidad me ayudó a reconocer que aunque me enfrento con desventajas como mujer negra, tengo privilegios como estudiante universitaria, cisgénero, y cristiana.

Por último, aprender sobre misogynoir me ayudó a comprender por qué la sociedad aclama las Kardashians por su sexualidad descarada y al mismo tiempo denigra a Amber Rose y a Blac Chyna por lo mismo.

Entonces, ¿qué acciones puedes llevar a cabo como persona poco familiarizada con estos términos?

• Edúcate sobre el trabajo realizado por feministas de color. Pincha en los links relacionados y encuentra materiales de lectura y fíjate en las referencias de cada ensayo para seguir aprendiendo.
• Haz un esfuerzo para centrar las mujeres de color en tu feminismo. Reconoce que las mujeres de color cis y trans tienen experiencias vitales que muy a menudo distan de las de mujeres cis, mujeres blancas y de clase media.
• Averigua las maneras en las que estos conceptos han afectado tus experiencias y perspectivas y el rol que tienen en tu vida presente. Por ejemplo, ¿has contribuido alguna vez a la reproducción de imágenes controladoras de mujeres Negras?

Los conceptos aquí mencionados describen la manera en la que el racismo y el sexismo funcionan de forma conjunta contra las mujeres de color. Más allá de eso también muestran las maneras en las que las mujeres negras se enfrentan a esta desventaja, la cuestionan y la desafían. Para las mujeres de color no se trata sólo de género o sólo de raza: la raza y el género funcionan de forma conjunta afectando nuestras experiencias vitales.

Estos conceptos nos enseñan a ser vigilantes sobre el feminismo y las políticas anti-racistas, ya que nos empujan a cuestionarlas preguntando si en efecto apoyan a todas las mujeres, en primera instancia, a todas las personas de color, en segunda, y a todas las personas entre medias.

Fuente original: Resist Media

SOBRE LA AUTORA

Melissa Brown está completando su doctorado en sociología investigando las maneras en las que las mujeres negras usan la tecnología para la transformación social. Melissa ha escrito en varios medios entre ellos el Huffington Post, Revelist, Gradient, y el blog de sociología Informe de Racismo y Contextos. Puedes encontrar más escritos suyos en su blog personal y en twitter @Blackfeminisms.

NOTAS

(1) Personas de color fue un término utilizado en el siglo XVIII por los colonizadores europeos para designar todas aquellas personas no racializadas como blancas y retomado en el siglo XIX por críticos y activistas anti-racistas para señalar la opresión blanca de todas las personas racializadas como no-blancas. De manera similar ha habido una reapropiación y redefinición de la negritud propagándose el uso del término “personas negras” en lugar de afrodescendientes. El término raza también es ampliamente utilizado en la lucha anti-racista en Estados Unidos ya que facilita la capacidad de nombrar, explicar y luchar en contra del racismo, mientras que en corrientes anti-racistas europeas no suele utilizarse el término ya que se considera que el mero uso del término puede llevar a la consideración de determinismos raciales, lo cual es en sí racista [nota de la traductora].

(2) Evidentemente la autora se refiere aquí a Estados Unidos. No obstante se ha mantenido el término que emplea en el texto original, América, para reflejar la predominancia aún vigente del uso del nombre del continente para referirse al país [nota de la traductora].

(3) Etimológicamente vinculado a la sociedad negra en Estados Unidos y aplicado a las mujeres categorizándolas de promiscuas, de poca confianza, sucias, guarras, zorras, etc. [nota de la traductora].

ANTOINETTE TORRES, “EL ENFOQUE DECOLONIAL EN EL FEMINISMO ES UNA CUESTION DE PRIMERA ORDEN”

Publicado en Noviembre 2016 en Diagonal Periódico

por Sara Carrasco Granger

Antoinette Torres Soler / Fotografía realizada por Ángel de Miguel

 

En el borrador del II Plan de Igualdad de Zaragoza sólo aparece la palabra ‘etnia’ en un apartado, el dedicado a “visibilizar mujeres destacadas científica, cultural y socialmente”.

 

“El enfoque decolonial en el feminismo es una cuestión de primera orden”. Así lo explicó Antoinette Torres Soler, directora del colectivo Afroféminas, en un foro de participación donde se recogerían las propuestas para hacer un plan de igualdad más justo. Sin embargo, lo que el Ayuntamiento de Zaragoza presenta como un esbozo del II Plan de Igualdad (2017-2020) no incluye ninguna de las reivindicaciones debatidas durante meses y las reiteradas propuestas de activistas en defensa de sus derechos como mujeres y como negras.

Torres explica como en el encuentro se habló de la importancia de tener en cuenta el enfoque decolonial: “De lo contrario se continuará reproduciendo las mismas opresiones, es decir hacernos creer que cuando se habla de mujeres nos estamos refiriendo a la mujer blanca de clase media. Además no hay que perder de vista a las mujeres negras españolas, ésas no son inmigrantes y reciben las mismas opresiones. Con lo cual, esto no es un problema de multiculturalidad, esto es un problema de racismo en nombre del feminismo”.

En el borrador del II Plan de Igualdad, en sus 86 páginas, sólo se menciona la etnia en un apartado. El Ayuntamiento tiene abiertos cinco talleres a desarrollarse a lo largo de diciembre en los que afirman que están dispuestos a responder –y quizás incluir– las propuestas de mujeres no blancas. Sin embargo, Antoinette asegura que esto es poco probable ya que “en la reunión del pasado martes 15 de noviembre se dejaron claras las prioridades. Están marcadas por esos talleres que no incluyen en ningún caso la perspectiva decolonial. Estando en la reunión lo exigí ante todo el público. Pregunté dónde estaban las mujeres negras, dónde las que llevan velo, dónde las chinas…”.

A pesar del escenario poco esperanzador, el colectivo sigue empujando por sus derechos y ha aprovechado las alegaciones del Ayuntamiento para hacer una convocatoria pública de sus propuestas.

En la mañana del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, Antoinette Torres envió lo recogido hasta el momento en la convocatoria a Esther Moreno, del grupo de Podemos quien se ha ofrecido a mediar entre Afroféminas y la Concejalía de Igualdad.

Tras haberlo enviado, reflexionaba: “Pienso que esto es una revolución de las mujeres negras. Somos mujeres negras que vivimos en Occidente, suficientemente formadas y además, por si alguien tiene alguna duda, nosotras también somos mujeres españolas”.

Por el momento, el único apartado del borrador donde se menciona la etnia es en el que habla de “visibilizar mujeres destacadas científica, cultural y socialmente (recogiendo la diversidad de culturas y etnias, corporeidades y diversidad sexual, jóvenes adultas y mayores…)”.

Más allá de visibilizar a mujeres destacadas

“Esto ha sido algo como: yo te invito, pones la nota de color y luego te excluyo”, señala Antoinette. Se trata de “una realidad en la que mujeres blancas, desde su posición de privilegio, pueden permitirse hacer eventos sobre nosotras y, al mismo tiempo, las mujeres negras quedamos completamente excluidas de estos mismos espacios. Es inadmisible que a día de hoy aún el feminismo ilustrado se apropie del discurso de la mujer. Eso es racismo y se supone que las instituciones están por la igualdad de todos los españoles y españolas”.

Antoinette explica a lo que se refiere con feminismo ilustrado: “Según Simone de Beauvoir, el problema de la mujer es un problema de hombres. En el caso del Feminismo Negro no es así. La mujer negra recibe opresiones del hombre y también de la mujer. Todas estas cuestiones se originan durante la esclavitud y época colonial… las opresiones correspondientes al racismo y la xenofobia no son relativas, son reales y afectan a la mujer, a su vida profesional, a su familia, a sus hijos. No es justo que esto se quiera invisibilizar”.

Las propuestas de Afroféminas incluyen la creación de un espacio físico en La Casa de la Mujer desde donde puedan continuar su trabajo en pro de los derechos humanos, una promoción de la relectura del colonialismo mal representado en la cultura popular y en los libros de texto, y una promoción del feminismo negro tan desconocido en la sociedad española.

Antoinette concluye que “las mujeres negras necesitan hablar de estas cosas, necesitan reconocerse y tener espacios para ello. Necesitan sobre todas las cosas, conocer su historia y darla a conocer. Es una verdadera pena que desde un Ayuntamiento de cambio se produzcan situaciones como éstas. Si la izquierda piensa así, entonces tenemos un problema muy grave en este país”.

LOS PALESTINOS: ENTRE LA OCUPACION Y LA NUEVA INTIFADA

Publicado en Octubre 2015 en Diagonal Periódico

por Sara Carrasco Granger

 

Ocho israelíes y 45 palestinos han muerto desde que repuntara una nueva ola de violencia el 1 de octubre, pero, como recuerda la periodista israelí Amira Hass, la guerra no empezó hace 20 días, “los palestinos están luchando por sus vidas”.

Al menos ocho israelíes y 45 palestinos –más de una decena de ellos menores– han muerto desde comienzos de la escalada de violencia el jueves 1 de octubre, y varias decenas de israelíes y 1.500 palestinos han resultado heridos. Mientras que hay quien remonta la explicación de lo sucedido al asesinato de una pareja de colonos en esa fecha, o a las intenciones políticas de algunos israelíes de cambiar el statu quo de la mezquita de Al-Aqsa, los enfrentamientos se enmarcan en una lucha de liberación que ha sido criminalizada desde el comienzo del proyecto colonial del sionismo. Como afirma la periodista israelí Amira Hass, “la guerra no comenzó el jueves”.Por parte de Israel las muertes de la población judía son más bien excepcionales, mientras que “los palestinos están siendo asesinados todo el tiempo”. “Ellos están luchando por sus vidas –afirma Hass–; nosotros, los judíos israelíes, estamos luchando por nuestro privilegio como una nación de amos”.

Para cuando sucedió el asesinato de la pareja de colonos en presencia de sus hijos, los ataques a palestinos por parte de éstos llevaban ya meses en aumento. Al día siguiente del asesinato, Israel desplegó cientos de tropas militares como forma de búsqueda del responsable, acorralando zonas de Cisjordania y disparando balas de acero cubiertas de goma, y bombas lacrimógenas contra los manifestantes (AIC). Según la Media Luna Roja Palestina diez personas resultaron heridas por disparos y cuatro más por palizas en la incursión entre el 2 y el 3 de octubre en la ciudad palestina de Nablús, localizada al norte de Cisjordania.

Durante el despliegue y en presencia de las tropas de defensa israelíes en el checkpoint de Zatara, al sur de la ciudad, tuvo lugar una protesta de colonos que gritaban “muerte a los árabes” mientras tiraban piedras a vehículos y personas palestinas. Los colonos presentes en la zona son de carácter fundamentalista, se conciben como pioneros de la expansión legítima del dominio sionista, y tienen como objetivo forzar el desplazamiento de la población palestina. Por su parte, las fuerzas militares israelíes defienden las actuaciones de los colonos y han aumentado su presencia en Cisjordania, desplegándose miles de soldados y policía fronteriza en los últimos días, asediando barrios enteros e impidiendo la circulación de la población de una ciudad a otra (Democracy Now).

En cuanto al statu quo de la mezquita de Al-Aqsa, se han sostenido acusaciones de que el Gobierno israelí financia la organización colona Monte del Templo, que aboga por la construcción de un Tercer Templo donde yace ahora la mezquita de Al-Aqsa (Al-Jazeera). El statu quo hasta el momento respeta la condición de la mezquita como un monumento histórico musulmán, y por lo tanto defiende su conservación como tal, y su uso para prácticas religiosas musulmanas. A principios de octubre, Kairós, una organización de líderes cristianos palestinos, hizo público un comunicado donde exigían al Gobierno israelí que respetara no sólo el statu quo de la mezquita, sino también el de Jerusalén, entendiéndose como un lugar con una identidad de carácter internacional y multirreligioso, donde cada grupo tiene el deber de respetar las creencias del resto, y donde éste deber no se está cumpliendo (Alternative News).

En los tres días precedentes al viernes 16 los ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelíes a la mezquita han ido en aumento, hiriendo a al menos 12 palestinos, quienes se han enfrentado con palos y piedras a las granadas aturdidoras, bombas lacrimógenas y balas de acero cubiertas de goma.

Un vídeo publicado por la agencia de noticias Electronic Intifada muestra claramente la dramática desigualdad de condiciones en los enfrentamientos.

Castigo colectivo

Israel está empleando prácticas de castigo colectivo, y asesinatos indiscriminados, al igual que arrestos extrajudiciales tanto de manifestantes como de personas acusadas de intentos de acuchillamiento. También se están entregando órdenes de desalojo para demoler las casas de aquellas familias con un miembro o más que sea sospechoso de haber participado en los enfrentamientos (Electronic Intifada).

La violencia no se está limitando a la Cisjordania ocupada, sino que se está manifestando en todo el territorio de la Palestina histórica, incluyendo Israel y Gaza. El viernes pasado se manifestaron unos mil gazatíes en la frontera entre Gaza e Israel como muestra de solidaridad con las víctimas palestinas en Cisjordania, a lo que Israel respondió violentamente dejando un total de siete muertos y 145 heridos en cuestión de unas horas. Ese mismo día, Amnistía Internacional publicó un informe denunciando el uso masivo de violencia por parte de Israel, y la organización Human RightsWatch denunciaba sus ataques contra civiles en las afueras de Ramala, en los cuales hirieron a un asistente de la organización de derechos humanos (HRW).

Hasta la fecha ha habido varios acuchillamientos en los que en la mayoría de los casos las fuerzas israelíes han respondido con disparos letales, incluso cuando la persona no había llegado a acuchillar a nadie, sino que se la acusaba de tener la intención de hacerlo. Uno de los primeros incidentes de este tipo ocurrió en Hebrón a finales de septiembre, cuando una estudiante universitaria de 19 años recibió diez disparos sin haber siquiera herido a nadie (Al-Jazeera). Unas tres semanas más tarde se capturó en vídeo un caso parecido en Afula, al norte de Israel, donde se ve a Israa Abed aterrorizada por los soldados que la acorralaban apuntaban hacia ella. Abed recibió varios disparos sin suponer amenaza alguna, como puede verse en el vídeo de “su ejecución”, tal y como lo denominan varios medios palestinos (Ma’an News Agency).

La serie de acuchillamientos e intentos de acuchillamiento durante las últimas semanas manifiesta el grado de desesperación a la que ha llegado el pueblo palestino tras más de 60 años de ocupación, y a más de 20 años de los Acuerdos de Oslo, donde supuestamente se acordó la creación de dos Estados, uno al lado del otro. La realidad sobre el terreno desde hace años deja prácticamente nula la posibilidad de que tal objetivo se cumpla, debido a la constante colonización de más y más terreno y a la agudización de la violencia hacia los palestinos en Gaza, Israel y Cisjordania.

Esta desesperación es fruto de las políticas israelíes combinada con la inacción internacional y la coordinación y colaboración de la Autoridad Nacional Palestina con el Gobierno israelí, que ha presionado para hacer a ésta cómplice de sus crímenes. Por un lado, la acción de la comunidad internacional se ha limitado –en el mejor de los casos- a enumerar las violaciones de derechos humanos del pueblo palestino, sin llevar a cabo ninguna política que haga efectivas las sentencias que defienden sus derechos. Tal y como ha ocurrido con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que en 2004 ya afirmó que el muro del apartheid israelí “tenía que ser desmantelado”, y que a día de hoy, más de diez años después, el muro sigue creciendo. El líder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa pidió explícitamente que la Autoridad Palestina parase la coordinación con la ocupación israelí, y que, de no ser así, aquellos miembros de las fuerzas de seguridad a quien se les ordenara reprimir las manifestaciones desobedecieran (M.E.M.)

Varios medios están sacando a la luz una realidad que viene siendo invisibilizada desde hace años: la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha abandonado –por ineficiencia o negligencia- su deber de defender a su propio pueblo. Así lo explica un artículo de la prensa palestina Ma’an News publicado estos últimos días: “Para muchos palestinos, la ANP no es sólo infectiva, sino un cuerpo que busca activamente impedir el cambio. Mientras que el presidente Mahmoud Abbas está apelando por una solución pacífica, una encuesta del mes pasado mostró que la mayoría de palestinos ve una intifada armada, o levantamiento, como la única vía de cambio”. Al ser preguntado sobre la opinión de los líderes acerca de los levantamientos, un manifestante contestó preguntando: “¿Líderes? A nosotros no nos importan los líderes. Nosotros seremos los nuevos líderes”. A lo que otro añadió: “La paz no tiene esperanza”.

Como explica la activista Budour Hassan, “los palestinos están hartos de que se les diga que han de mantenerse en la línea de la no violencia, cuando todo lo que nos ha traído la actitud de lo que llaman no violencia y acuerdos de paz es más colonización, no sólo a Jerusalén, sino también a Cisjordania, más destrucción a Gaza, y más intentos de borrar la identidad Palestina en Jerusalén”.

 

EL DERECHO A LA CIUDAD: DAR FORMA A LA CIUDAD QUE NOS CONFORMA

Muse Abstract Surrealism Art Color Salvador Dalí

Agosto 2010, traducido por Ricardo García Pérez, Rebelión

por Sara Carrasco Granger publicado en Revista Amauta

Lefebvre describió el derecho a la ciudad como «la síntesis de otros derechos fundamentales», incluido «el derecho a no ser marginado de los espacios de la vida cotidiana» ni privado de «los bienes sociales, económicos y políticos de la ciudad» (Mitchell y Villanueva, 667). La lucha por el derecho a la ciudad pretende incrementar la autonomía de quienes viven hoy día incapacitados por una jerarquía de derechos donde «el derecho a la propiedad privada y la tasa de beneficio desbancan cualquier otra concepción de los derechos inalienables» (Harvey 2003, 940). La necesidad de priorizar se deriva de las «contradicciones [intrínsecas] del paquete de derechos capitalistas» (Harvey 2003, 941) y obliga al sistema legal a escoger entre fomentar los actuales derechos derivados (como el «derecho a recibir un trato digno» y a «un puesto de trabajo [y] un nivel de vida razonable») y el derecho a la propiedad privada y a obtener beneficios. Por el momento, el calendario global está claro: la propiedad privada derrota a los denominados derechos derivados, acaba con el derecho al trabajo, a la vivienda y a la obtención de unas rentas que satisfagan el mínimo vital. En la mente de muchos es preciso alterar sin duda este orden de prioridades.

Curiosamente, quienes trabajan para preservar privilegios tradicionales y quienes se esfuerzan por capacitar a los tradicionalmente desposeídos utilizan el mismo término en sus esloganes: Libertad. Un bando habla de libertad para la acumulación infinita de capital y, el otro, de libertad frente a la dominación resultante de una concentración de capital y de poder polarizadas. Yo opto por estos últimos. Como indican las palabras de Leroi Jones, «la adquisición de riqueza tiene, al menos a mi juicio, muy poco que ver con la autodeterminación o la libertad» (Leroi Jones 1966, 79), entendiendo por autodeterminación «el derecho a escoger un camino propio. El derecho a ser exactamente lo que uno se cree capaz de ser» (Leroi Jones 1966, 70). Aunque, en teoría, la autodeterminación puede ser independiente de la riqueza que se posea, la correlación de fuerzas actual logra hacer exactamente eso: los más pobres se ven obligados a trabajar en exceso y con salarios bajos, a dedicar su tiempo y su energía para alcanzar a cambio sólo los niveles de subsistencia más elementales, lo que les obliga a ceder el tiempo y la energía de forjar sus propias creaciones.

El programa político general subyacente al derecho a la ciudad tiene consecuencias económicas que nacen de la «crítica de un mundo en el que el valor de cambio del espacio urbano viene a prevalecer sobre el valor de uso» (Mitchell y Villanueva, 670). Esto acaba por privar a los pobres de sus derechos despojándolos de autonomía, desde del derecho a intervenir en los procesos que acaban por modelar sus vidas hasta, por utilizar las palabras de Escobar, «su derecho a vivir al margen del sistema neoliberal» (Escobar 2001). Además, de su situación se hacen cargo programas políticos de contención de la marginación y de criminalización de las consecuencias (las externalidades negativas del capitalismo: personas sin vivienda, desempleo…) a las que conduce el orden de prioridades que se impone; es decir, favorecer la necesidad de escasez del capitalismo y facilitar la acumulación infinita de capital (Harvey 2003, 941). El derecho a la ciudad exige cambios en ambos planos: el de los procesos estructurales que producen literalmente una población empobrecida y sin derechos, y el de aquellos otros procesos que dan forma a los espacios públicos físicos.

EL ESPACIO PÚBLICO: EL OBSEQUIO DEL CONFLICTO

Para entender los procesos mediante los cuales se libra el combate del derecho a la ciudad es esencial comprender el esencial papel que desempeñan los espacios públicos físicos en el desarrollo del cambio social. Dicho de forma más sencilla, lo que otorga tanto valor a los foros públicos es que no son privados. Los propietarios de los espacios privados tienen derecho a ser «los reyes de su reino» per se, pues tienen autoridad para excluir e imponer normas abiertamente tiránicas si así lo desean. Esto no significa que haya que menoscabar el derecho a los espacios privados, pues son sin duda los lugares donde con tanta frecuencia se forman y estructuran sistemas de gobierno y donde tienen autorizado reflexionar y mantener debates políticos sin sufrir hostigamiento. Sin embargo, yuxtapuestos a los espacios privados se encuentran los foros públicos, construidos sobre la base de que sirven por igual a todos los electores, lo que los convierte en los únicos espacios en los que, en teoría, no se puede imponer la tiranía. Es decir, los únicos espacios con potencial para ser auténticamente democráticos, donde los ciudadanos y los sectores no representados del público pueden realizar reivindicaciones colectivas sobre su uso, forma y normativa aplicable; reivindicaciones que, si se legitiman, pueden servir para tender puentes que conduzcan a una mayor democratización de los espacios privados.

Los espacios públicos sirven de territorio de experimentación en donde la sociedad puede, y a veces no le queda otra alternativa que hacerlo, confrontar sus divisiones internas. Los conflictos que se plantean en ellos son un obsequio a través del cual el conjunto de la sociedad se ve obligado a reconocer las diferencias físicas, culturales e ideológicas que alberga. Eclipsar estos conflictos y exigir orden y comodidad en los espacios públicos se ha convertido en una herramienta destacada y poderosa para impedir que se aborden los males sociales y para mantener estructuras que refuerzan la injusticia; pues vuelven invisibles los conflictos y favorecen el desconocimiento de su existencia por parte del público en general.

Es en los foros públicos donde se tiene la sensación de ser público en general, más allá de la burbuja social en que cada uno vivimos, y más allá de los conceptos ya consolidados mediante referencias que pueden ser opcionales. No obstante, hay quien cree que existe el derecho a vivir protegido, incluso en público, frente a experiencias no deseadas, lo que lleva implícita la idea de que los enfrentamientos sociales siempre serían más bien voluntarios (Mitchell 2005, 78). Este tipo de argumentación legitima para los espacios públicos la expansión de «actitudes que son adecuadas en la vida privada» (como exigir el derecho a estar solo) y sostiene que las eliminación de perturbaciones sirve de fundamento lo bastante sólido para frustrar la comunicación no deseada con los demás (Kohn 2004, 42). En una sentencia vergonzosa, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó un estatuto de un estado que convertía en delito «acercarse de forma deliberada a menos de dos metros y medio de otra persona, a menos que esta otra persona consienta, con la intención de entregarle un folleto o una octavilla, para mostrarle una pancarta o entablar con esa persona en la vía pública o en una zona peatonal actos de protesta, educativos o informativos» ( Paul Schenk contra Pro Choice Network 1997; Judy Madsen contra Women’s Health Center 1994 , referidos en Kohn 2004, 42). Eso quiere decir que el extraño debe autorizar con antelación la aproximación política, y que muy probablemente se impedirá mediante normativa sobre el volumen de la voz capaz de determinar con facilidad que levantar la voz desde dos metros y medio de distancia es «alteración del orden público».

Cuando Rudolph Giuliani afirmó que en el espacio público existía el derecho a «no ser molestados [ni] agitado […] por otros» (Miller, 2007, 1) y desarrolló la normativa sobre espacios públicos con la intención de eliminar esas fuentes de «perturbación y agitación», arremetía de hecho contra esos elementos propios del espacio público que lo vuelven tan especial: la accesibilidad, la imposibilidad de elección y, en tantos aspectos, la mala utilización. La combinación de los tres elementos es lo que permite que los foros públicos arrojen luz sobre problemas sociales y estructurales que, de lo contrario, no se manifestarían en público. Sencillamente, no es lo mismo ver a una persona sin hogar concreta orinando en un trozo de hierba donde uno estaba sentado que ver una protesta sobre las personas sin hogar, y mucho menos leer al respecto. Es en el espacio público donde los males sociales no abordados se vuelven visibles para el público en general, donde mediante el «mal uso», deliberado o no, o el acercamiento intencionado, al público en general no le queda otra alternativa que ver lo que tiene ante sus ojos y, a su vez, responder: la reacción más pasiva es fingir no darse cuenta.

La regulación de la actividad construye la ciudad segregada donde los individuos sin techo, y quienes desean (frente a «necesitan», en el caso de los sin techo) utilizar los espacios públicos para algo más que transitar, no nos conducirán a unos espacios urbanos en los que se imponga de forma más estricta la normativa sobre obstaculización de calzadas, dormir en público o, simplemente, caminar sin rumbo, pues se solapa con los ámbitos que protagonizan la vida de los más ricos. Lo que estos procesos reflejan es un orden de prioridades nítido en el que los derechos a transitar, «al orden, al confort, […] a la recreación y a comprar sin restricciones» (Mitchell 1997, 321) prevalecen sobre el derecho a utilizar los espacios públicos para la sociabilidad, la protesta y el compromiso políticos o, simplemente, como el bien común que se supone que son.

LA DOCTRINA TRADICIONAL DEL FORO PÚBLICO: SILENCIAR LAS VOCES DISIDENTES

La efectividad y la práctica de la intervención pública organizada se ve amenazada por la doctrina del foro público tradicional, que sustenta el sistema de autorizaciones que permite al gobierno regular el tiempo, el lugar y la modalidad de intervención pública y le otorga el poder de impedir con facilidad que se escuchen determinadas voces y, en ocasiones, impedir incluso por completo el ejercicio del derecho a intervenir en público. Ha actuado así asignando lugares poco transitados, momentos en que están menos frecuentados y ocultando el número real de participantes limitando el número de personas que puede asistir a un evento (Miller 2007, 14). Al hacerlo, niega el recurso de la ciudad como un espacio de comunicación, lo despojan de su capacidad de reflejar los males sociales y, de hecho, despojan a los individuos del derecho a plantear demandas al público en general.

La doctrina del foro público tradicional que se supone que protege la libertad de expresión es intrínsecamente defectuosa, pues la propia sentencia que la establece alude al derecho a la libertad de expresión como un privilegio, lo que menoscaba su condición de derecho en sí. Afirma incluso que se debe «ejercer de forma subordinada a la comodidad y convenencia general […] en paz y en orden» (Staeheli y Mitchell 2008, 5), ignorando de plano el hecho de que los mensajes de liberación que combaten la opresión perturban por naturaleza «la comodidad y conveniencia general» de la mayoría ya «satisfecha». Además, otorga al gobierno el poder de prohibir el discurso «en los casos en los que la función principal de la propiedad se viera perturbada por la actividad expresiva», lo que le deja un amplio margen para prohibir simplemente designando una finalidad para un espacio y se podría extender a las calles y parques, puesto que «los parques están concebidos para la recreación y las calles […] están concebidas para facilitar la circulación de peatones y automóviles» (Kohn 2004, 50).

De hecho se ha traducido precisamente en eso. En respuesta a las protesta de 1999 contra la Organización Mundial del Comercio, la ciudad de Seattle estableció una «zona de 25 manzanas del centro de la ciudad excluida de protestas», lo que permitía ingresar libremente en esa área a comerciantes y trabajadores pero impedía el acceso a quienes llevaban pancartas o portaban eslóganes contra la OMC, y en 2001 la ciudad de Quebec llegó de hecho a «alzar una alambrada de 3,8 metros de altura y 4 kilómetros de longitud para impedir que accedieran al centro de la ciudad los 30.000 manifestantes que se esperaba que acudieran» (Kohn 2004, 38). En la ciudad de Nueva York, la prohibición de celebrar eventos en la Plaza del Ayuntamiento [City Hall Plaza] sólo está limitada por una lista de excepciones entre las que se encuentra que el acto sea de «un interés público extraordinario» y «singularmente apropiado para el Ayuntamiento» (Miller 2007, 15)… lo que quiera que eso signifique. Resulta que las mismas personas que instauran las medidas contra las que se protesta son quienes deciden lo que es «interés público»; al parecer, quién es ese público y qué quieren escuchar es una cuestión a la que pueden responder por cuenta propia.

EL ESPACIO PÚBLICO NO ES DEL PÚBLICO

Es una ingenuidad creer que el gobierno pondrá fin a la prohibición arbitraria de intervenir en público mientras siga siendo titular de los foros públicos físicos, pues ha denegado una y otra vez que se gestionen y utilicen como espacios comunitarios; y no da muestras de pretender hacerlo. Lo que la propiedad del gobierno lleva implícita es que actuará «como hacendado» que gestiona su propiedad en interés de todos, pero su titularidad le otorga la capacidad de recurrir sin problemas a conceptos abstractos de «lo público» y «la comunidad» que ocultan las diferencias y refuerzan los privilegios (Staheli y Mitchell 2008, 124-125). Hasta el momento, eso le ha dado el poder de obligar al público «a requerir autorización incluso para aparecer en él (Staeheli y Mitchell 2008, 1) y para convertir la «[l]ibertad de expresión» en lo que es hoy, «expresión autorizada» (Staeheli y Mitchell 2008, 7).

Si el derecho a la ciudad debe convertirse auténticamente en un derecho y no en un privilegio; si nadie debe tener derecho a excluir, ni siquiera el gobierno, entonces los espacios públicos tradicionales se deben convertir en espacios comunes donde todo individuo conserve el derecho a «no ser excluido de la utilización ni de los beneficios del recurso» (Blackmar 2006, 51, tal como aparece citado en Staeheli y Mitchell 2008, 129). Pues mientras el gobierno conserve la titularidad de los foros públicos tradicionales, conservará el derecho a excluir… ya que la propiedad se define precisamente como «el derecho a excluir» (Staeheli y Mitchell 2008, 128).

DECISIONES REALES: EL GRITO Y LA DEMANDA DE DAR FORMA A LA CIUDAD

En términos más generales, el derecho a la ciudad versa sobre la democratización del proceso a través del cual las ciudades adquieren forma. No consiste sólo en que todos tomemos parte en la creación de las estructuras socioeconómicas y físicas de la ciudad, sino de que lo hagamos mediante decisiones reales. Como señala Harvey, todos nosotros ya «hacemos la ciudad» (Harvey 2003, 939), de manera que ¿qué es lo que se pide en realidad con ese «grito y demanda», tal como lo calificaba Lefebvre?

No cabe duda de que las ciudades adquieren forma mediante la acción de todos, incluso de los visitantes más efímeros y pasivos. Pensemos, por ejemplo, en una mujer desempleada que viaja de una ciudad a otra para asistir a una entrevista de trabajo. Aparte de la influencia que pueda ejercer su interacción social, con su decisión de transporte, alimento y cobijo influirá en la producción del mercado y participará en un proceso que llevará a algunas empresas a triunfar y a otras, a la quiebra. Se podría decir que sus decisiones manifiestan sus deseos y preferencias, y supongamos que, tomando prestada la expresión de Park, ella da forma efectiva a la ciudad siguiendo los deseos de su corazón (Park, tal como aparece citado en Harvey 2003, 939). Pero la transformación física de la ciudad desencadenada por la producción del mercado no reflejará si sus decisiones constituyeron una decisión real. Lo que pretendo decir con «real» es que debería tener capacidad para cumplir, al menos, una de las alternativas amparadas por la ley; es decir, pagaría por todo lo que utilizara. Más concretamente, lo que quiero decir es que si las decisiones que toma constituyen las únicas alternativas que se puede permitir pagar, entonces no son decisiones reales en modo alguno.

Las ciudades sí adquieren su forma mediante la acción de todos nosotros, pero cada uno participa en la creación y transformación de la ciudad desde posiciones socioeconómicas distintas, y la cantidad de riqueza que poseemos adquirirá un papel esencial en la determinación de si estamos influyendo en la ciudad tal como deseamos. Además, no se trata sólo que construimos la ciudad, sino de que «a cambio, la ciudad nos construye» (Harvey 2003, 939) y, por consiguiente, de que el derecho a dar forma a la ciudad, el derecho a modelarla, es una reivindicación del derecho a moldearnos a nosotros mismos. «Vivir bajo el capitalismo supone aceptar o someterse a ese manojo de derechos necesarios para la acumulación infinita de capital» (Harvey 2003, 940). Para los más pobres significa que deben aceptar la condición de ciudadanos de segunda clase, pues su pobreza impone limitaciones rigurosas a la satisfacción de sus derechos humanos y cívicos, que están sometidos a quienes ya poseen poder y capital, y que su éxito y salida de la pobreza y, por tanto, su capacidad de ejercer significativamente sus derechos depende de su capacidad de satisfacer las demandas de quienes ocupan el poder, aquellos que poseen el capital.

Así pues, lo que el grito y la demanda del derecho a la ciudad piden es el fin del recuento de dólares más que de votos, democracia real y no este escaparate… y autonomía: decisiones reales para todos.

Bibliografía:

Harvey, David (2003), «The Right to the City», en International Journal of Urban and Regional Research , vol. 27, 4 de diciembre de 2003, pp. 939-41 2.

Jones, Leroi (1966), «Tokenism: 300 Years for Five Cents», en Social Essays by Leroi Jones , New York, William Morrow & CO., INC.

Kohn, Margaret (2004), «Weapons of the Wobblies: The Street-Speaking Fights», en Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space , Nueva York, Routledge, pp. 23-46.

Kohn, Margaret (2004), «The Public Forum Doctrine», en Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space , Nueva York: Routledge, pp. 47-68

Miller, Kristine (2007), «Designs on the Public: The Private Lives of New York’s Public Spaces», Minneapolis, University of Minnesota Press.

Mitchell, D. (1997), «The Annihilation of Space by Law: The Roots and Implications of Anti-Homeless Laws in the United States», Antipode 29, pp. 303-325.

Paul Schenck v. Pro Choice Network 34 F. 3rd 130 (1997).

Judy Madsen v. Women’s Health Center 512 U.S. 753 (1994).

Staeheli, Lynn y Don Mitchell (2008), «The People’s Property?: Power, Politics, and the Public», Nueva York, Routledge.

Nota del editor de Revista Amauta: Un gran agradecimiento a Rebelión y sus traductores (en este caso a Ricardo García Pérez) por esta excelente traducción y su trabajo incansable.

 

THE RIGHT TO THE CITY: SHAPING THE CITY MAKES US

Published August 2010 in Revista Amauta

by Sara Carrasco Granger

Lefebvre described the right to the city as “the summation of other crucial rights” including the “right not to be alienated from the spaces of every day life”  or deprived from the city’s “social, economic, and political goods” (Mitchell & Villanueva, 667). The struggle for the right to the city seeks to increase the autonomy of those who are currently disempowered by a hierarchy of rights where “the right to private property and the profit rate trump any other conception of inalienable rights” (Harvey 2003, 940). The need for a prioritization stems from the inherent “contradictions within the capitalist package of rights” (Harvey 2003, 941), and obliges the legal system to chose between favoring either the current derivative rights (such as the “right to be treated with dignity” and to “a secure job [and] reasonable living standards”) and the right to private property and the profit rate. As of now the overall global agenda is clear: private property trumps the so-called derivative rights, it trumps the right to employment, to shelter, and to incomes that meet living standards. In the minds of many this prioritization has to indeed be switched.

Ironically, those working towards protecting long-held privileges and those working towards empowering the traditionally disempowered are using the same word in their slogan: Freedom. One side is speaking of freedom to the endless accumulation of capital, and the other, of freedom from the domination that results from such a polarized concentration of capital, of power. I choose the later. As stated in Leroi Jones’ words, “the acquisition of wealth has, at least in my mind, only very slightly to do with self-determination or freedom” (Leroi Jones 1966, 79), self-determination being “the right to choose one’s own path. The right to become exactly what one thinks himself capable of” (Leroi Jones 1966, 70). Although in theory self-determination may be independent from one’s wealth the forces presently at play are doing exactly that: the poor are forced to be overworked and underpaid, to give their time and energy to receive in return the most basic levels of subsistence, which obliges them to give up the time and the energy to build their own creations.

The greater political program found in the right to the city has economic implications that stem from the “critique of a world in which exchange value of urban space comes to dominate use value” (Mitchell & Villanueva, 670). This comes to disenfranchise the poor, striping them from autonomy, from their right to influence the processes that come to shape their lives, or, to borrow Escobar’s words, “their right to exist outside the neoliberal system” (Escobar 2001). Furthermore, their condition is met by political agendas of contained marginalization and criminalization of the outcome (capitalism’s negative externalities: homelessness, unemployment…) that the prioritizations taking place lead to –that is, favoring capitalism’s need for scarcity and facilitating the endless accumulation of capital (Harvey 2003, 941)-. The right to the city demands changes at both levels: The structural processes literally producing an impoverished and disenfranchised population, and those that shape physical public spaces.

PUBLIC SPACE: THE GIFT OF CONFLICT

If one is to understand the processes through which the struggle for the right to the city are being fought, it is essential to understand the key role that physical public spaces play in the development of social change. Put simply, what makes public forums so precious is that they are not private. Owners of private spaces have the right to be ‘the kings of their own kingdom’ per se, as they are entitled to exclude and implement fairly tyrannical rules if they so wish. This does not mean to undermine the right to private places since they certainly are the places where so often the polity is formed, organized, and allowed to reflect and hold political debates free from harassment. However, juxtaposed to these are public forums constructed on the grounds that they serve all constituents equally which makes them the sole spaces where tyranny cannot, in theory, be enforced. That is, the sole spaces with the potential to become truly democratic -where citizens and non-represented parts of the public can make collective claims over their use, shape, and regulation; claims which, if legitimized, may serve as bridges leading to the further democratization of private spaces.

Public spaces serve as an experiment ground where society can, and at times has no choice but to confront its internal divisions. The conflicts that arise in them are a gift through which society as a whole is forced to acknowledge the physical, cultural, and ideological differences that lay within it. Obscuring these conflicts, and demanding order and comfort in public spaces has become a prominent and powerful tool in preventing social ills from being addressed and maintaining structures that reinforce injustice –as they render the conflicts invisible and facilitate the greater public’s ignorance of their existence.

It is in public forums that one develops a sense of the greater public beyond one’s social bubble, beyond the notions already created by sources that can be chosen. Some, however, believe that there is a right to be protected from unsought experiences even when in public, implying that social collisions should always be fairly voluntary (Mitchell 2005, 78). Such arguments legitimize the expansion of “attitudes that are appropriate in private life” -such as demanding the right to be left alone- to public spaces, and sustain that freedoms from disturbance serve as a strong enough basis to thwart the unwanted communication of others (Kohn 2004, 42). In an outrageous court ruling the United States Supreme Court upheld a state statute that made it a crime to ‘knowingly approach another person within eight feet of such other person, unless such other person consents, for the purpose of passing a leaflet or handbill to, displaying a sign to, or engaging in oral protest, education, counseling with such person in the public way or sidewalk area’”(Paul Schenck v. Pro·Choice Network 1997; Judy Madsen v. Women’s Health Center 1994 as referenced in Kohn 2004, 42). This makes it so that political outreach to strangers must be previously approved by the stranger, and will likely be prevented through regulations on volume that can easily determine that yelling across an 8 feet distance is of ‘public disturbance’.

When Rudolph Giuliani claimed that there was a right “not to be disturbed [and] agitated … by others” in public space (Miller 2007, 1), and increased regulation of public spaces with the intention of removing these sources of ‘disturbance and agitation’, he was indeed working against the very aspects of public space that make it so special: access, lack of choice, and in so many ways, misuse. The three of these together are what allow public forums to shed light on social, and structural problems that otherwise, would not be manifested in public. It simply is not the same to see a homeless individual peeing on a patch of grass where one was just sitting, than to see a protest concerning homelessness, much less, to read about it. It is in public space that unaddressed social ills become visible to the greater public, where through intended or unintended ‘misuse’, or intentional address, the broader public has no choice but to see what is in front of their eyes and in turn respond: the most passive reaction is a simulation of unawareness.

Regulations on activity constructs the segregated city where homeless individuals, and others who desire (versus need, in the case of the homeless) to use public spaces beyond a means of transit, will not go to city-spaces where laws concerning side-walk obstruction, public sleeping, and loitering are more strictly enforced –which overlap with the areas that are protagonists in the lives of the wealthy. What these processes reflect is a clear prioritization of the rights for transit, “order, comfort … recreation and unfettered shopping” (Mitchell 1997, 321) to the right to use public spaces for sociability, political protest and engagement, or simply, as the common resource that they are supposed to be.

TRADITIONAL PUBLIC FORUM DOCTRINE: SILENCING DISSENTING VOICES

The effectiveness and practice of organized public address is threatened by the traditional public forum doctrine that sustains the permit system allowing the government to regulate the time, place, and manner of public address, granting it the power to easily prevent voices from being heard, and at times, prevent the exercise of the right to public address altogether. It has done so by assigning places that are hardly frequented, times when they are less frequented, and obscuring the real number of supporters by limiting the number of people who can attend an event (Miller 2007, 14). By doing so they deny the city’s resource as a venue for communication, strip it from its ability to reflect social ills, and indeed strip the individuals from their right to make demands to the greater public.

The traditional public forum doctrine that is supposed to protect freedom of speech is inherently flawed, as the court ruling itself that set it forth refers to the right of freedom of speech as a privilege, which undermines its status of right as such. It even states that it must be  “exercised in subordination to the general comfort and convenience… in peace and good order” (Staeheli & Mitchell 2008, 5), bluntly disregarding the fact that messages of liberation that fight oppression, by nature disturb ‘the general comfort and convenience’ of the already ‘pleased’ majority. Furthermore it grants the government the power to prohibit speech “in cases where the principal function of the property would be disrupted by expressive activity”, which leaves ample room for prohibition simply by designating a purpose to a space and could extend to streets and parks since “parks are designated for recreation and streets are…meant to facilitate the circulation of pedestrians and automobiles” (Kohn 2004, 50).

It indeed has resulted in precisely this. In response to the 1999 World Trade Organization protests, the City of Seattle instituted a “25 block no-protest zone in downtown” that allowed shoppers and workers to enter freely in the area but barred those carrying protest signs or wearing anti-WTO slogans” and in 2001 Quebec City actually “erected a 3.8 meter high, 4 kilometer long chain link fence to prevent the estimated 30,000 protesters from entering the downtown area” (Kohn 2004, 38). In New York City, the prohibition of events taking place in City Hall Plaza is only limited to a list of exceptions that include that the event be of “extraordinary public interest” and “uniquely appropriate to City Hall” (Miller 2007, 15) -whatever that means. Turns out that the same people instituting the policies that are protested are those who are deciding what is the ‘public’s interest’ -who that public is and what they want to hear is apparently a question that they can answer on their own.

PUBLIC SPACE IS NOT THE PUBLIC’S

It is naïve to believe that the government will cease their arbitrary prohibition of speech as long as it continues to own physical public forums, for it has persistently refused its management and use as communal space, and shows no signs of intending to do so. What government ownership implies is that it will act ‘as a landlord’ who will regulate its property in the interests of all, yet its ownership grants it the ability to easily resort to abstract notions of ‘the public’ and ‘the community’ that obscure difference and reinforce privilege (Staeheli & Mitchell 2008, 124-125). So far, this has allowed it the power to oblige the public “to be given permission even to appear (Staeheli & Mitchell 2008, 1), and to turn“’[f]ree speech” into what it is now, “‘permitted speech’” (Staeheli & Mitchell 2008, 7).

If the right to the city is truly to become a right rather than a privilege, if no one is to have the right to exclude –not even the government-, then traditional public spaces must become communal space where every individual conserves the right “not [to] be excluded from the uses or benefits of resources” (Blackmar 2006, 51, as quoted in Staeheli & Mitchell 2008, 129). For as long as the government conserves ownership of traditional public forums it will conserve its right to exclude –property having been described precisely as “the right to exclude” (Staeheli & Mitchell 2008, 128).

REAL CHOICES: THE CRY AND DEMAND TO SHAPE THE CITY

More generally, the right to the city is about democratizing the process through which cities are shaped. It isn’t only that we would all take part in the creation of the city’s socio-economic and physical structures, but that we would do so through real choices. As Harvey points out, all of us, already “make the city” (Harvey 2003, 939), so then, what is that “cry and demand”, as Lefebvre referred to it, really calling for?

Surely cities come to be shaped by all, even the briefest and most passive of visitors. Say, for example, an unemployed woman traveling from one city to another for a job interview. Besides any influence her social interaction may have, she will influence market outcomes with her choice of transportation, food, and shelter and take part in a process that leads some businesses to succeed and others to bankruptcy. One could claim that her decisions express her desires and preferences, and say that she is effectively -to borrow Park’s phrase- shaping the city after her heart’s desire (Park as referenced in Harvey 2003, 939). Yet the physical transformation of the city triggered by the market’s outcome will not reflect whether her decisions constituted a real choice. What I mean to say by real is that she would have the ability to realize at least one alternative that falls within the law –that is, she would pay for all she uses. More specifically, what I mean to say is that if her choices constituted the only ones she could afford, they were not real choices at all.

Cities are indeed shaped by all of us, yet we each take part in the city’s creation and transformation within different socio-economic positions, and the amount of wealth we posses will take on a crucial role in determining whether we are influencing the city as we desire. Furthermore, it is not only that we make the city but also that “in return, the city makes us” (Harvey 2003, 939) and thus the claim to shape the city, the right to shape it, is a claim for the right to shape our selves. “To live under capitalism is to accept or submit to that bundle of rights necessary for endless capital accumulation” (Harvey 2003, 940). For the poor this means that they must accept a status of second class citizens, as their poverty heavily restricts the fulfillment of their civic and human rights, that they are subject to those who already hold power and capital, and that their success and road out of poverty, and thus their ability to meaningfully exercise their rights, depends on their ability to satisfy the demands of those who are in power, those, who possess the capital.

What that cry and demand for the right to the city then, is calling for is an end to dollars counting more than votes, real democracy and not this façade, and autonomy: real choices for all.

References:

Harvey, David (2003), “The Right to the City” in International Journal of Urban and Regional Research, Volume 27.4 December 2003 939-41 2. Jones, Leroi (1966), “Tokenism: 300 Years for Five Cents,” in Social Essays by Leroi Jones (New York: William Morrow & CO., INC.) 3.Kohn, Margaret (2004),

“Weapons of the Wobblies:The Street‐Speaking Fights,” in Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space (New York: Routledge)pp. 23‐46.

4.Kohn, Margaret (2004), “The Public Forum Doctrine,” in Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space (New York: Routledge), pp. 47‐68 5. Miller, Kristine (2007), “Designs on the Public: The Private Lives of New York’s Public Spaces,” (Minneapolis: University of Minnesota Press) 6. Mitchell, D. (1997), “The Annihilation of Space by Law: The Roots and Implications of Anti-Homeless Laws in the United States,” Antipode 29, 303-325 7. Paul Schenck v. Pro·Choice Network 34 F. 3rd 130 (1997); Judy Madsen v. Women’s Health Center 512 U.S. 753 (1994) 8. Staeheli, Lynn & Mitchell, Don (2008), “The People’s Property?: Power, Politics, and the Public,” (New York: Routledge)

LA PERLA: TOO POOR TO LIVE BY THE SEA

Unknown photographer @creativecommons

July 2011 by Sara Carrasco Granger

Every capital has its higher class, touristy area. The one that is reserved for unfettered shopping, and stores of small over-priced, plasticky souvenirs, an area of clear sidewalks, the one that is kept the cleanest, where the homeless are pushed out, and any live expressions of spontaneity, whether political, through public protests, or artistic, through street-artists, like jugglers, graffiti artists, or street dancers, are kept away, or tightly controlled, in case they may raise any suspicion of unpredictability during the all- too comforting visit of fat-walleted tourists. One of such neighborhoods is El Viejo San Juan, in Puerto Rico, with its wide spectrum of colored houses, and high priced out-door terraces where one can enjoy overly small portions of appetizers and different colored drinks in the well-illuminated plazas of what is left from the Spanish colonial era.

On the neighborhood’s coast is El Morro, the 16th century Spanish colonial fort that changed owners a little more than a century ago. Following the sea-line, separated only by a small, also ancient cemetery, and carefully avoided by most pictures of El Morro, is La Perla, a naturally enclosed neighborhood located right between the sea and a steep slope on the border of El Viejo San Juan. Known for its high poverty, high crime rates, and drug trafficking, La Perla has served for years as the major drug supplier of Puerto Rico’s high demanding capital, San Juan. It has also been the target of land investors, who have high hopes about high condominiums rising, and conservative politicians, eager to show a tough stand on crime. That is exactly what La Perla, the Pearl, is going through right now.

On June 29th the municipal police raided La Perla with the intention of executing 144 arrests in order to break with its central role of heroin and cocaine dealing in the island (La Prensa, impremedia, 29th of June, 2011). But the story told by the residents of La Perla is one of violent beatings by the police, property destruction, and persecution of

active community members fighting to conserve their rights to the land, including the detention of Jorge Gómez, a well-known community leader in the neighborhood (El Nuevo Día, “Residentes de La Perla denuncian abusos policiales ante la ACLU”, “Defiende a La Perla y a su líder comunitario”, 5th of August, 2011). The charges against him are based on a video where he was seen talking to delinquents controlling that drug point. His wife assures the media that he was inviting them to a health fair that would take place later that day.

Whether it’s because of the ambitious aspirations of politicians looking for a quick fix, or the private interests of investors who would love to see the Perla, clean, as they would put it, the raid is bringing consequences that are far from the discourses presented by any of these entities. In the short time of two days, 25 homicides took place among drug- dealers who are fighting to secure drug points being claimed all over San Juan. Was an alternative outcome really foreseeable?

Seems like this may be just another story of addressing neighborhood problems by moving the people with problems to another neighborhood, located conveniently, in a less visible part of the city. But for now, it’s just a story of them trying to.

THE STRUGGLE FOR THE RIGHT TO EDUCATION IN CHILE LEADS TO FULL-BLOWN SOCIAL RESTRUCTURING DEMANDS

Unknown photographer @creativecommons

July 2011 by Sara Carrasco Granger

What started five months ago as a few scattered university meetings quickly became a country-wide movement that is not only fighting for the right to education, but is fighting for a more democratic society. How did the struggle for the right to education come to encompass demands of major structural changes, receiving close to an 80% approval rate?

Back in May the mobilization was mostly confined to university students. In June, it included high school and elementary students that were joining in the tomas, the physical occupation of schools and universities. By the end of the month, a massive public choreography of Michael Jackson’s Thriller symbolizing the death of education took place in front of La Moneda with a strikingly impressive coordination that sent a crucial message: the movement is big, unified, and above all, pacifist in nature.

August began with a violently crushed protest by police, and ended with a two-day national strike organized by a major worker’s union, where 300,000 people marched through the capital’s streets demanding “a new constitution, labor law code, and the dismantling of the economic model that has remained unchanged since the dictatorship”.

Ever since the U.S. backed coup on September 11th of 1973, along with completing an outstanding record on human rights violations, the military dictatorship began its radical agenda of neoliberal policies. Guided by Milton Friedman and his loyal followers, the Chicago Boys, it shrank taxes and social aid, for which the country now enjoys high growth rates and outstanding inequality levels.

The unraveling of the movement has shed light on Pinochet’s legacy: an economic model that reproduces old, and breeds new, inequalities; the continued oppression of rights of women, homosexuals, and the Mapuche; police brutality through tear-gas, high-pressure water hoses, rubber, and most recently, real bullets, used to enforce the elite’s ideal of traditional ‘family values’.

Whose family? I guess that remaining 20% …

The confrontations are getting out of hand. The two-day protest resulted in 1,394 arrests, 153 policemen, and 53 civilians injured, and a 16-year-old boy that died from a policeman’s bullet, with the police being able to hold back an internal investigation for several days. The leader of the student movement, Camila Vallejo, has been called a “piece of shit” by the vice president of the conservative political party, Renovación Nacional, and is confronting bluntly sexist, and fascist remarks, such as “matando a la perra, se acaba la leva”, a centuries-old saying that comes from the custom of killing off female dogs so that the male dogs, the ‘stronger ones’, will cease to be distracted by following the females around. A phrase that in Chile is remembered as having been uttered by Pinochet, as he referred to Allende’s death, the democratically elected socialist politician that the military removed from power.

The recent violence employed by the state against protestors struggling for their rights has led to a tapping into the collective memory of oppression and injustice of Chileans, who are redefining the values they want their state to defend.